La libertad de prensa en México.

La sombra de la impunidad y la violencia

México es uno de los países más peligrosos para periodistas en las Américas. En los últimos ocho años, por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho más permanecen desaparecidos y decenas han sido amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio. La mayoría de las agresiones contra periodistas se encuentra en total impunidad, lo que provoca un estado generalizado de autocensura.

Ante este panorama, en un esfuerzo inusitado, 13 organizaciones internacionales de libertad de prensa y libertad de expresión integraron una misión internacional que viajó a México para conocer y analizar la situación de los periodistas y los medios de comunicación el país, para posteriormente trabajar en conjunto con organizaciones mexicanas y así revertir las condiciones que enfrentan los comunicadores y medios.

Durante seis días de trabajo --del 20 al 25 de abril de 2008--, el grupo visitó cinco ciudades del país, donde los integrantes de la Misión Internacional de Libertad de Prensa y Libertad de Expresión sostuvieron decenas de entrevistas y reuniones de trabajo con reporteros, editores, dueños de medios, familiares de víctimas de agresiones; así como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y periodismo; además de autoridades estatales y federales.

El diagnóstico obtenido por la Misión, fue grave e inquietante, aunque fundamental para comprender el fenómeno que se vive en México y mostró la necesidad de que la Misión regrese al país en los primeros meses de 2009, como parte de los trabajos que se han planteado desarrollar.

La Misión Internacional encontró que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico libre en México son: el crimen organizado que ha generado un clima de terror; la corrupción; la impunidad; las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y castrenses, y la falta de voluntad política federal y estatal para resolver los ataques contra periodistas y para garantizar su seguridad.

Con mucha preocupación la Misión observó que a pesar de los índices de violencia contra los comunicadores no existe solidaridad entre los informadores, los medios de comunicación y hacia los familiares de los periodistas asesinados o desaparecidos. Además, prevalece una estigmatización gubernamental sobre el trabajo de los periodistas. Por si fuera poco, son muy frágiles o inexistentes los mecanismos y manuales de prevención y protección para la seguridad de medios y periodistas.

Resulta muy alarmante para la Misión, el nivel de vulnerabilidad e incertidumbre en la que se encuentran las radios comunitarias y sus colaboradores, que son víctimas de agresiones provenientes, principalmente, por parte de autoridades estatales.

La Misión Internacional comprobó que hay una creciente autocensura en los medios de comunicación mexicanos, como consecuencia directa de las tácticas de terror que han implementado las mafias, y ante la desconfianza que existe sobre el accionar de las autoridades estatales y federales, por su falta de respuesta o por su posible vinculación con el crimen organizado.

Otros de los elementos que inquietaron a la Misión, porque alientan la autocensura y limitan a una prensa libre y plural, fueron la manipulación, por parte de los gobiernos estatales y federales, del presupuesto destinado a la publicidad oficial, con lo que se pretende orientar la información; así como la alta concentración de medios de comunicación en pocas personas o grupos empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y con sectores con enorme poder político, empresarial y religioso.

La Misión Internacional también se mostró preocupada por el deterioro de la libertad sindical y las condiciones laborales de los periodistas mexicanos. En el caso de los reporteros ‘freelance’, esta situación es aún más grave.

Ante estas condiciones y dado que la seguridad de las poblaciones en situación de vulnerabilidad es responsabilidad del Estado, para la Misión resulta urgente la creación y el fortalecimiento de mecanismos para prevenir ataques y proteger a la prensa; incluyendo la capacitación de los funcionarios encargados de combatir el crimen, para que no continúen los ataques a los comunicadores.

El gobierno federal ha mostrado señales positivas de voluntad política al abrir espacios de diálogo y pronunciarse a favor de la federalización de los crímenes contra periodistas. Esta actitud favorecerá lo que la misión ha identificado como uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el gobierno mexicano: la impunidad en los casos de asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, que representan una de las formas extremas de censura y que se recrudece cuando no existe castigo para los responsables.

Para la Misión es urgente el desarrollo de un marco normativo que fortalezca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de Periodistas (FEADP) y le brinde autonomía para investigar y consignar a los responsables ante el Poder Judicial. De igual manera, la Misión concluyó que es necesaria la federalización de los delitos contra la libertad de expresión1 en aras de subsanar la inoperancia entre las jurisdicciones federal y locales.

Es también indispensable y apremiante, considera la Misión, que el Estado mexicano promueva una regulación clara para el manejo de los recursos destinados a la publicidad oficial.

Para la Misión es imperativo trabajar en la solidaridad entre periodistas y los medios; crear un programa de protección para los comunicadores, y generar conciencia social respecto a la gravedad de los ataques a periodistas y la autocensura.

En un hecho sin precedentes, un total de 13 organizaciones internacionales se reunieron en México para integrarse en lo que denominaron Misión Internacional de Libertad de Prensa y Libertad de Expresión en México:

• ARTICLE 19
• Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
• Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
• Federación Internacional de Periodistas (FIP)
• Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
• Fundación Rory Peck Trust
• Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI)
• Instituto Internacional de la Prensa (IPI)
• International Media Support (IMS)
• Open Society Foundation (OSF) – Network Media Programme
• Reporteros sin Fronteras (RSF)
• Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
• UNESCO

Durante seis días, los integrantes de la Misión viajaron a la Ciudad de México, y a los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Sonora. Se entrevistaron con reporteros; editores; victimas y familiares de periodistas asesinados y desparecidos; dueños de medios; autoridades locales y federales; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; representantes de la Unión Europea, organismos de cooperación, organizaciones de periodistas y de derechos humanos.

El principal objetivo fue emplear la presión internacional para (1) apoyar a los medios de comunicación locales y nacionales, (2) evidenciar los peligros a los que se enfrentan actualmente medios y periodistas, (3) concientizar a la sociedad sobre los graves riesgos que afrontan los comunicadores y (4) poner en marcha mecanismos de largo plazo que fomenten y consoliden las libertades de prensa y expresión en México.

El trabajo de esta Misión abarcó tres ejes:

1. La impunidad
2. La protección al ejercicio periodístico
3. La autocensura

De cada uno de estos temas, se derivaron intervenciones específicas de acción inmediata, orientadas a atender las necesidades más urgentes, para así promover que los medios no sean llevados a desempeñar un papel adverso en la creciente tensión y profundización de la violencia en México. Por el contrario, la Misión espera que los medios tiendan un puente entre las distintas posiciones políticas e intereses presentes, y la sociedad mexicana.

Este informe incluye diferentes tópicos vinculados a las libertades de expresión y de prensa en México. Muestra la situación actual de inseguridad en el país, tal y como fue identificada durante la visita de la Misión. Este documento no pretende abarcar una lista exhaustiva de todos los temas relevantes.

El informe está dividido en las siguientes tres áreas de enfoque:

1. Impunidad
2. Protección
3. Autocensura

Por cuestiones de seguridad, a lo largo del texto se han omitido de manera intencional algunos nombres para proteger la identidad de personas con quienes la Misión se reunió.

La impunidad es uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de la libertad de prensa en México, ya que promueve un clima de incertidumbre y desconfianza. Esta situación, coloca en una grave situación de vulnerabilidad al resto de los comunicadores, pero principalmente a las víctimas y a sus familiares, ya que se ven obligados a enfrentar los procesos judiciales sin la asesoría legal y técnica necesaria, al mismo tiempo que la falta de apoyo en el mediano y largo plazo, por parte de los dueños de los medios de comunicación o sus compañeros, genera que haya desconfianza en el resultado de la investigaciones.

La desconfianza en las autoridades, producto de la falta generalizada de castigo a los responsables materiales e intelectuales, provoca que en muchos casos no sea presentada una denuncia formal o, de hacerlo, muchas veces se opte por desistir.

La impunidad tiene su origen en la forma en la que se investigan los casos. Si bien existen innumerables declaraciones por parte de funcionarios de los gobiernos federal y estatales, expresando su compromiso con el respeto a las libertades de expresión y prensa, éstas no corresponden con la evidente falta de resultados por parte de las Procuradurías de Justicia y la General de la República, que no investigan de manera exhaustiva, dejando a un gran número de expedientes en un limbo jurídico. Esto quiere decir: mantener líneas de investigación abiertas por tiempo indefinido lo que conlleva a no presentar los casos ante los jueces para obtener una sentencia.

Es claro que el combate a la impunidad que impera en los casos de desapariciones y asesinatos de periodistas constituye uno de los retos principales del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Para lograrlo, la única vía es la adopción de todas las medidas --políticas y legales--, que desemboquen en el castigo de los responsables de los hechos.

La creación y puesta en marcha de distintas instancias para atender este tema, como FEADP, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, así como sus equivalentes en el nivel local en el Distrito Federal y los estados de Guerrero, Tabasco y Veracruz, constituyen una señal positiva por parte de las autoridades mexicanas. Pero resulta inaplazable emprender las reformas legales que apuntalen la actuación de estas instancias. En este sentido, la propuesta de que las agresiones en contra periodistas sean tipificadas como delitos en contra de la libertad de expresión y que sean conocidas exclusivamente por las autoridades federales, requiere como prerrequisito indispensable el fortalecimiento y ampliación de las facultades de las instancias existentes. De otro modo, se estaría generando una mayor carga de trabajo a instituciones cuya falta de resultados es evidente, particularmente en el caso de la FEADP, la cual sería la instancia encargada de realizar las investigaciones.

De manera paralela, es urgente generar mecanismos que refuercen la solidaridad entre los periodistas y los medios de comunicación como una respuesta a la impunidad existente, mostrando apoyo a las víctimas y sus familias en la búsqueda de justicia.

La Misión Internacional visitó cinco ciudades, en donde tuvo la oportunidad de celebrar un total de 12 reuniones de trabajo con autoridades federales y estatales, dos encuentros con organismos internacionales, 13 reuniones con grupos de periodistas y siete con directivos y dueños de medios de comunicación. Esto permitió obtener el panorama general que rodea el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

La información sustantiva, que puso en evidencia la gravedad de la situación, provino de los testimonios recogidos durante las 26 reuniones con victimas de ataques a la libertad de expresión, seis de ellas con mujeres así como siete encuentros con familiares de las víctimas asesinadas o desaparecidas.

Con base en la información y los testimonios recabados, y teniendo en mente el compromiso colectivo a mediano y largo de las organizaciones participantes en la Misión Internacional para mejorar de manera sustantiva la situación que enfrenta el ejercicio de la libertad de prensa en el país, se hace un llamado al Estado mexicano, a la comunidad de periodistas y medios de comunicación, así como a la sociedad civil organizada, a que de acuerdo a sus posibilidades y respectivos ámbitos de competencia adopten medidas concretas encaminadas a:

PROMOVER un ambiente abierto, diverso y pluralista para el ejercicio de la libertad de prensa, de acuerdo con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos, con el objetivo de que editores, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación puedan desempeñar su trabajo con las garantías necesarias de seguridad e independencia;

IMPULSANDO el potencial y valor que representa para la sociedad mexicana en la conciliación de tensiones y confrontaciones políticas y en el combate a la delincuencia y la inseguridad publica, el ejercicio de un periodismo independiente, profesional y objetivo. Una prensa libre constituye un elemento central para el mantenimiento de la paz social y la consolidación de todo sistema democrático y régimen de libertades por lo que resulta inaplazable.

ADOPTAR medidas positivas, claras y contundentes para poner un alto a las amenazas, hostigamientos, secuestros y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales, que buscan censurar a quienes ejercen, promueven y defienden el derecho a libertad de expresión y la libertad de prensa;

INSTRUMENTAR investigaciones ágiles, transparentes y efectivas de los casos de asesinatos y desapariciones, así como de las amenazas de muerte de las que están siendo objeto periodistas en el desempeño de su profesión y familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia;

AFIRMANDO que sin importar el origen de estos ataques, la responsabilidad de prevenir, investigar y castigar a los autores materiales e intelectuales de esto hechos recae de manera exclusiva en el Estado mexicano, en particular en las instancias responsables de procurar e impartir justicia. En este sentido, la Misión Internacional da la bienvenida al compromiso del presidente Felipe Calderón de impulsar una reforma que permita que los ataques, asesinatos y desapariciones de periodistas sean investigados a nivel federal como un primer paso en la dirección correcta. Esto requiere, de manera urgente, el previo fortalecimiento de facultades y recursos de la FEADP;

GARANTIZAR la protección y asistencia oportuna y eficaz a los periodistas y medios de comunicación necesarias para que cumplan con su trabajo sin que las amenazas y ataques afecten su desempeño. De la misma manera, los dueños y directivos de los medios de comunicación deben de emprender medidas para mejorar las condiciones de seguridad para sus colaboradores y empleados;

DETENER toda práctica por parte de los Gobiernos federal y locales que restrinja las libertades de expresión y prensa, especialmente cuando éstas buscan afectar la independencia editorial de los medios de comunicación a través del uso inapropiado y discrecional de los fondos destinados para la contratación de espacios publicitarios;

GARANTIZAR el acceso irrestricto de periodistas y medios de comunicación a toda la información en manos del gobierno, de acuerdo con el espíritu de los principios constitucionales sobre transparencia, y los instrumentos y estándares internacionales sobre la materia. Esto incluye también el acceso de periodistas a las zonas en donde tengan lugar las acciones de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de que la sociedad tenga a su disposición la mayor cantidad información de interés publico;

GARANTIZAR el derecho de los diferentes medios de comunicación, ya sean comerciales, públicos o comunitarios, a que su trabajo e independencia sea protegida por la ley a través de la regulación de un órgano independiente.